El enfermo receptor de una transfusión sanguínea tiene que estar informado de los riesgos que ésta puede comportar, así como de las alternativas terapéuticas existentes. Con esta información, el enfermo, o una persona responsable en caso de incapacidad del primero, firmará un documento llamado CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECIBIR HEMODERIVADOS, que formará parte del historial clínico del enfermo.
El "no consentimiento" a la transfusión de componentes sanguíneos puede generar situaciones problemáticas, ya que en una situación de urgencia vital, la ley obliga al médico a aplicar el tratamiento médico considerado adecuado aunque actúe en contra de la voluntad del enfermo.
La jurisprudencia considera el derecho a la vida, la integridad física y la protección de la salud como derechos de prioridad absoluta. La vida de una persona siempre está por encima de la autonomía individual.
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